SE LLEVARON LOS 24 BLOQUES DE CEMENTO QUE CERRABAN INGRESO DE VECINOS A SUS CASAS Y DEBIAN PAGAR PEAJES
Un triunfo más de la tenacidad del congresista José Luna Gálvez
Se acabó el abuso. Después de casi cuatro meses de gestiones iniciadas por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los servicios Públicos del Congreso de la Republica, con la participación de los fiscalizadores de Indecopi y de Defensoría del Pueblo, la Concesionaria “Rutas de Lima”, decidió llevarse sus 24 enormes bloques de cemento, su caseta de madera y liberar la zona de Barlovento, en Villa El Salvador.
“Es increíble como durante años, los centenares de pobla dores de “Villa El Milagro” tenían que pagar 13 soles diarios, para poder ingresar y salir de su barrio, sin que nadie los escuche ni haga respetar su derecho al libre tránsito”, señaló el congresista José Luna Gálvez presidente de Codeco, y propulsor de la liberación de todo un poblado, con su única entrada “cerrada” por la empresa concesionaria de peajes.
SE ECHABAN LA CULPA
Lo curioso es que los “voceros” de Rutas de Lima que administran los peajes, pusieron esos bloques de cemento, una caseta y contrataron a personal privado para cerrar la vía alterna del kilómetro 19 al 22 de la Panamericana Sur. Así obligaban a todos los vehículos a cancelar en el peaje oficial y olvidarse que por la vía alterna ingresaban los vecinos a sus casas.
“Es decir que los centenares de vecinos de Villa El Milagro debían darse la vuelta porque el ingreso estaba cerrado y pagar el peaje, para entrar y salir de sus viviendas” indicó Jorge Pinto, presidente de la Asociación de Consumidores de su sector y también poblador de la zona.
“Hicimos numerosas denuncias ante la Municipalidad de Villa El Salvador a donde pertenecemos igual a la Municipalidad Metropolitana, sin saber que ambas estaban coludidas con la Concesionaria de los Peajes, y nunca nos hicieron caso” indicó.
¿TIERRA DE NADIE O DE POCOS?
“Nosotros recibimos las quejas de los vecinos y de inmediato citamos al Congreso a los representantes de la Concesionaria, de la Municipalidad de Villa El Salvador, de Lima Metropolitana, Indecopi y de la Defensoría del Pueblo, para aclarar esas demandas y ordenar las sanciones respectivas como corresponde a ley. Pero el alcalde distrital nunca asistió y Rutas de Lima, no solo se exculpó de ser gestor del cierre de la vía pública, sino que responsabilizó a la administración municipal de Kevin Iñigo, alcalde de VES” agregó Luna Gálvez.
Veinticuatro horas antes que “Rutas de Lima” decidiera llevarse sus 24 bloques de cemento, habían llegado los inspectores de Defensoría del Pueblo encabezados por Gloria Montoya del Area de Servicios públicos de la indicada entidad. También de los fiscalizadores de Indecopi, que reconfirmaron la existencia de otro negociado: la proliferación de otro negocio: las “escuelas de choferes” ilegales.
OCHO ESCUELAS DE CHOFERES ILEGALES
“En efecto. Cuando hicimos la primera fiscalización de esos muros de la vergüenza nos encontramos con que en el ingreso de la playa de Conchán, existían ilegalmente hasta ocho “escuelas de choferes”, que permitían el ingreso de numerosos vehículos con gente desconocida que además, asaltaba y robaba a los vecinos de la zona”, indicó Julián Palacín Gutiérrez presidente ejecutivo de Indecopi.
Según pudieron constatar esos ocho negocios, no tenían licencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni de autoridad local alguna. “Los inspectores de Sunafil del Ministerio de Trabajo y del Sutran confirmaron el funcionamiento ilegal de esas supuestas “escuelas” que solo estafan a centenares de futuros de conductores.
¿Y LAS SANCIONES?
Pese a que “Rutas de Lima” liberó la zona de sus 24 bloques de cemento, Gloria Montoya de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que igual la demanda está en curso “porque se atentó durante varios meses contra la el libre tránsito de centenares de vecinos y eso no puede quedar así. Seguirá su proceso legal” reafirmó la funcionaria pública.
para de Ocurrió de madrugada cuando los pobladores de “Villa El Milagro” del distrito de Villa El Salvador, aun descansaban en sus humildes viviendas, donde deben de pagar 6.50 soles para ingresar y 6.50 soles para retornar. Y es que tienen que dar esas cantidades en una caseta ilegal puesta al lado de 18 enormes bloques de cemento La décima primera sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Estado, logró reunir y poner frente a frente a los voceros de las principales autoridades y asociaciones de usuarios, involucrados en los cobros abusivos de los peajes y el escandaloso “secuestro” de todo un barrio ubicado en Villa El Salvador.
El congresista José Luna Gálvez, presidente de CODECO, citó a Jorge Hervias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jorge Pinto de la Asociación de Consumidores, Renzo Martínez de Promoción de la Inversión de la Municipalidad de Lima, Francisco Jaramillo de Ositran, Ana Peñas Cardoza directora de Indecopi y a los voceros de los transportistas Luis Flores y Javier Marchese.
En la reunión de análisis del virtual abuso de la elevación de tarifas de los peajes, así como del cercado con bloques de cemento de los ingresos de una población, para obligarlos a pagar el peaje, los usuarios en general, condenaron las disposiciones de la empresa concesionaria “Rutas de Lima”.
“Nos tienen secuestrados, esos señores. La entrada al barrio ha sido cerrada con esos bloques de concreto, donde han colocado unas garitas de vigilancia particular que nos obligan a darnos una vuelta y pagar peajes para ingresar a nuestras casas” sostuvo Jorge Pinto.
“Se atenta directamente contra el libre derecho de tránsito de los pobladores a los que prácticamente los tienen secuestrados, y les dan total preferencia a media docena de empresas ilegales de enseñanza de manejo que han tomado para sus negocios todas la pistas de la zona de Barlovento y la playa Venecia en Villa El Salvador”, detalló el congresista José Luna Gálvez.
Agregó que en alguna semanas, no se extrañen que empiecen las marchas de miles de pobladores que ya no soportan pagar peajes para ingresar a sus viviendas, cuando no es una obligación pagar, sino antes, establecer una ruta alterna”
LOS TRANSPORTISTAS TAMBIEN PROTESTAN
«Los usuarios como nosotros los transportistas nos sentimos desprotegidos con los organismos reguladores, porque no controlan nada sino más bien parece que encubren esos abusos” reitero Luis Flores del gremio Cotrap.
“Los peajes en el país, son los más caros de toda la región, y solo sirven para llenar los bolsillos de las empresas concesionarias, y eso ya no se puede permitir” añadió Luna Gálvez.
La reunión sirvió además para elaborar un proyecto Ley, para regular el funcionamiento de esas concesionarias acusadas también de corrupción y un pésimo servicio.
“Los transportistas de carga pesada, señalaron también que por ejemplo para salir del Callao, e irse hasta Asia, deben de pagar en peajes hasta 140 soles, dinero que lo pagan los consumidores porque nosotros nos vemos obligados a subir el precio de la mercadería” añadió Javier Marchese, del gremio de carga camones interprovinciales.
Los voceros del MTC, solamente trataron de justificar los gastos que hacen en reparar las vías “y que en la mayoría de los casos las concesionarias, aún no recobran su inversión”, indicaron.
El tema se convertirá en un Proyecto de Ley, que pretende obligar a las concesionarias a cumplir con sus compromisos contraídos en contratos, que tampoco, pueden ver los millones de usuarios, de todo el país.